la Federación de Servicios Públicos de UGT ha presentado una queja, a la Defensora del Pueblo, por la vulneración de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe, responsabilidad, eficacia y economía procesal, en relación con la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, relativo a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre 2012.
FSP-UGT considera que el actual Gobierno, al no reconocer el Derecho de todos los Empleados y Empleadas Públicos a percibir, como mínimo, la parte devengada de la paga extraordinaria no percibida en diciembre de 2012, está vulnerando los principios mencionados en el párrafo anterior.
FSP-UGT tiene recopiladas más de 40 sentencias, todas favorables a los empleados públicos, en donde condena a las diferentes administraciones a abonar esa parte de la paga, concretamente hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Numerosas sentencias judiciales, emitidas por diferentes juzgados de los social y de lo contencioso administrativo en primera instancia, por Tribunales Superiores de Justicia de diversas comunidades Autónomas, e incluso del Tribunal Supremo, otorgan la razón a los empleados públicos demandantes (laborales o funcionarios) en su derecho de percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
La misma Defensora del Pueblo formuló al Secretario de Estado de Administraciones Públicas, en su escrito con Nº de expediente 12086851, la siguiente recomendación entre otras: “Que se interpreten las previsiones del Real Decreto-ley en lo referido a la supresión de la paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con la doctrina constitucional a que antes se ha hecho referencia, restringiendo su aplicación a la cuantía no devengada de la misma referida al momento en que se publicó la medida."
Como consecuencia de no aplicar y reconocer esa cuantía devengada como parte de la paga extraordinaria, los empleados públicos afectados por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, están reclamando en los tribunales mediante miles y miles de demandas su legítimo derecho a percibir esa cantidad. Incluso el Tribunal Supremo tiene presentada una cuestión de inconstitucionalidad sobre el citado Real Decreto, admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.
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