El sindicato ha calificado de "indecente" la política de recursos humanos del Gobierno, quien ha incrementado un 8%, hasta los 25 millones de euros, su gasto en asesores, mientras que ha recortado en 400.000 el número de empleos en el sector público. Empleados públicos, en su mayor parte personal laboral de sectores esenciales como educación, sanidad o servicios sociales, con sueldos que rondan los 1.000 euros, muy alejados de las altísimas remuneraciones de los asesores, de los que no se conoce ni la cifra global ni su trabajo objetivo.
La federación sindical ha advertido de que este proceso de destrucción de empleo público aún no ha terminado, pues la reforma de la Administración Local amenaza con destruir otros 300.000 puestos de trabajo en los ayuntamientos.
Estas cifras ponen de manifiesto que la reforma de las Administraciones y los "severos" recortes ejecutados en los servicios públicos, a pesar de publicitarse como imprescindibles, "responden claramente a la ideología y los intereses de ciertos sectores políticos y empresariales".
El sindicato ha manifestado su preocupación por el recorte en el empleo. "Supone un deterioro de lo público inasumible, en un país donde, según los datos de desempleo, éste se ha incrementado, llegando a los 4.811.383, por lo que servicios públicos suponen la tabla de salvación de muchos ciudadanos y la vía imprescindible para la cohesión social"
viernes, 8 de noviembre de 2013
Reforma de las pensiones 2013. Nos empobrece ahora y para el futuro.
El Gobierno del Partido Popular pretende realizar una reforma del sistema de pensiones con dos ejes:
Porque en el paquete de datos que se tendrán en cuenta para fijar la revalorización actual habrá estimaciones de futuro (como el total de pensiones al que habrá de hacer frente el sistema en cada uno de los cinco años siguientes) que en el mejor de los casos pueden ser erróneas, y en el peor pueden ser interesadas.
Porque entre los datos que se tendrán en cuenta para fijar la revalorización se ha incluido también un factor para ir corrigiendo los desequilibrios que presenten las cuentas del sistema, que decidirá el Gobierno.
Y porque será el Gobierno quien decida cada año cuanto se suben las pensiones en el margen que hay entre el mínimo del 0,25 por ciento y el máximo del IPC+ 0,25 por ciento.
La mayor garantía de revalorización de las pensiones es la que está vigente, fijada en el artículo 48 de la Ley General de Sanidad, que establece que las pensiones subirán tanto como la inflación; y aun así, durante la crisis, se ha incumplido ese precepto en dos ocasiones.
De la misma forma que la ley 27/2011 mandataba a establecer un factor de sostenibilidad, y el Gobierno lo ha convertido en un factor de recorte. Cualquier Gobierno puede cambiar la ley.
Subir o bajar las pensiones depende de la dirección respecto a la situación actual
El Gobierno está haciendo todo tipo de juegos de palabras para que evitar reconocer que las pensiones van a bajar. Así, por ejemplo, afirma que las pensiones nunca bajarán porque cada año se incrementarán al menos un 0,25 por ciento. Eso sería cierto si no existiera una fórmula de revalorización, si las pensiones fueran como el Salario Mínimo Interprofesional cuya revalorización depende del Gobierno. Pero las pensiones ya tienen una fórmula de revalorización que garantiza que se revalorizarán conforme al IPC. 2009 fue el año en que menos subió el IPC desde 1997, un 0,3 por ciento; si las pensiones se hubieran revalorizado un 0,25 habrían perdido poder adquisitivo. Entre julio de 2003 y julio de 2013 el IPC ha subido un 28,8 por ciento, las pensiones han crecido un 26 por ciento, pero con la fórmula del Gobierno (0,25 anual) habría sido sólo un 2,5 por ciento.
Garantizar la sostenibilidad del sistema no es lo mismo que garantizar las pensiones
El Gobierno asegura que con su reforma se garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y es cierto. Si el principio rector del sistema es el equilibrio financiero, el control del déficit, el sistema puede perdurar en el tiempo. Si entra poco dinero de cotizaciones, se pagará poco dinero en pensiones. El hecho de que los pensionistas no puedan subsistir dignamente con esas menguadas pensiones no parece importar al Gobierno. Aquí lo importante es si el sistema sirve para garantizar que en España los pensionistas del sistema público podrán vivir dignamente con la pensión que reciban, que es lo que mandata la Constitución; porque si el sistema no sirve para eso, no sería un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, sino un sistema de beneficencia.
El sistema necesita recursos, no recortes
Gobernar a base de recortes es una forma muy simple de no complicarse la vida, porque lo que requiere trabajo y talento es incrementar los recursos. El problema del Gobierno es su incapacidad para conseguir que el sistema público de pensiones tenga el dinero suficiente para garantizar unas pensiones dignas.
El gran fracaso del Gobierno es el empleo, y sin empleo no hay pensiones
Otro de los juegos de palabras con los que el Gobierno está intentando “vender” su reforma es que garantiza que los jóvenes tendrán una pensión en el futuro. Pero el Gobierno sabe que la única manera de tener una pensión es teniendo trabajo, un trabajo regular (no en negro) que incluya cotizaciones a la Seguridad Social, con un salario digno (a más salario más cotización), por un tiempo que permita generar el derecho a una pensión (hacen falta un mínimo de 25 años de cotización a partir del año 2022). ¿Qué pasará si seguimos con el 27 por ciento de la población en paro?, si el Gobierno no prevé que bajemos del 20 por ciento de tasa de desempleo en muchos años.
El Gobierno ignora la situación de los jóvenes
Es paradójico que les llame a participar en el debate sobre las pensiones cuando en realidad obvia su situación. Hoy casi la mitad está en desempleo y sus contratos son cada vez más precarios y, por tanto, con serias dificultades para alcanzar la carrera de cotización exigible para cobrar una pensión. Así, según los datos de la EPA referentes al segundo trimestre del año, la tasa de paro de los menores hasta 25 años alcanza el 55,1% y la de menores de hasta 35 años es del 46,5%. Además, la tasa de temporalidad se sitúa en el 61,4% para los menores hasta 25 años y del 51% para los menores hasta 35 años. A esto hay que añadir que muchos de nuestros jóvenes están emigrando como consecuencia de la situación del mercado laboral (en los últimos 7 años se ha quintuplicado el número de jóvenes que emigran)
¿Quién se beneficia de la reforma de las pensiones? La banca
¿Cuál es el negocio de la banca? Pequeños y grandes ahorradores ponen su dinero en los bancos; éstos no lo tienen allí guardado, lo utilizan para hacer negocios (prestarlo a otra gente, invertirlo en todo tipo productos financieros, etc…) y con ello obtienen beneficios. ¿Qué haremos cada uno de nosotros si vemos que nuestra futura pensión no nos permitirá vivir dignamente? Procuraremos dividir nuestra capacidad de ahorro (quien la tenga) entre la adquisición de vivienda (la mayor inversión que tradicionalmente realiza una persona) y “guardar para la vejez”, es decir, planes y fondos de pensiones privados. Quien pueda se hará uno para intentar evitar la miseria en la vejez, y eso supondrá mucho dinero depositado en los bancos durante años, es decir, muchos más recursos para el negocio de los bancos.
Habrá menos pensión cuando las necesidades serán mayores
- Sitúa como prioridad el equilibrio financiero del sistema por encima de cualquier otro criterio
- Segundo, pretende hacer sólo recortando el gasto y renunciando a conseguir más ingresos.
Esas medidas puede que hagan sostenible el sistema, pero harán insostenible la vida de los pensionistas, que verán reducidas sus pensiones hasta límites degradantes.
El Gobierno no está desarrollando la reforma de 2011, está haciendo la suya
La reforma de las pensiones de 2011, fruto del diálogo social, dio lugar a la ley 27/2011, en la que se preveía el estudio y adopción de un factor de sostenibilidad del sistema que permitiera adaptarlo a los cambios demográficos. El Gobierno ha utilizado como excusa esa previsión para hacer su propia reforma, aunque más bien es una reconversión del sistema público de pensiones. El factor de sostenibilidad que propone es, en realidad, un factor de recorte: en la revalorización anual de las pensiones, y en la fijación de la pensión inicial de los nuevos pensionistas.
¿Cómo actúa la reforma del Gobierno?
Tiene dos tijeras:
- El llamado “Factor de Sostenibilidad”. Empezaría a aplicarse a los nuevos pensionistas dentro de seis años (2019) para reducir la cuantía inicial de su pensión. ¿Por qué? Porque como se supone que ahora vivimos más y cobramos la pensión durante más tiempo, la solución que plantean es cobrar menos cada mes, sin pararse a considerar si la cantidad resultante será suficiente para vivir. Para determinar la esperanza de vida se atenderá a las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social elaboradas por la propia Seguridad Social, en lugar de las proyecciones de esperanza de vida del INE. Además, la esperanza de vida a los 67 años que se tendrá en cuenta en un año determinado de acceso a la jubilación será la variación interanual en los cinco años anteriores.
- “Índice de revalorización”. Se acaba con el precepto legal que obliga a revalorizar las pensiones tanto como haya subido la inflación, y se crea este nuevo criterio, que se aplicará a partir de 2014 para todos los pensionistas. Para calcularlo se tendrán en cuenta muchas cosas: la evolución de los precios, los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social, la pensión media que percibirán los jubilados y el número total de pensiones contributivas que habrá que afrontar cada año, así como las previsiones de los cinco años siguientes. El Gobierno asegura que las pensiones no bajarán por se establece que cada año se subirán al menos un 0,25%, y máximo de IPC+0,25%.
Grupos políticos, analistas económicos, medios de comunicación, aseguradoras… están reconociendo que la reforma del Gobierno producirá una rebaja del poder adquisitivo de las pensiones. Dos ejemplos:
- El Gobernador del Banco de España, Luis Linde, compareció en el Congreso el 20 de junio de 2013 y dijo que “(…) Es forzoso señalar que a largo plazo puede ser limitado el potencial del sistema de reparto para asegurar a la población jubilada unos estándares de vida en consonancia con los niveles de renta alcanzados en vida activa. Por ello es necesario explorar fórmulas complementarias de capitalización que refuercen el ahorro durante la vida activa”, dicho claramente, que las pensiones no será suficientes para vivir y será necesario ahorrar en planes privados.
- El economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, Jorge Sicilia, ha explicado que en la medida en que se aplique el mínimo previsto para la revalorización de las pensiones en los próximos años, y la tasa de IPC anual se sitúe por encima de ese porcentaje, se producirá una pérdida de poder adquisitivo
Porque en el paquete de datos que se tendrán en cuenta para fijar la revalorización actual habrá estimaciones de futuro (como el total de pensiones al que habrá de hacer frente el sistema en cada uno de los cinco años siguientes) que en el mejor de los casos pueden ser erróneas, y en el peor pueden ser interesadas.
Porque entre los datos que se tendrán en cuenta para fijar la revalorización se ha incluido también un factor para ir corrigiendo los desequilibrios que presenten las cuentas del sistema, que decidirá el Gobierno.
Y porque será el Gobierno quien decida cada año cuanto se suben las pensiones en el margen que hay entre el mínimo del 0,25 por ciento y el máximo del IPC+ 0,25 por ciento.
La mayor garantía de revalorización de las pensiones es la que está vigente, fijada en el artículo 48 de la Ley General de Sanidad, que establece que las pensiones subirán tanto como la inflación; y aun así, durante la crisis, se ha incumplido ese precepto en dos ocasiones.
De la misma forma que la ley 27/2011 mandataba a establecer un factor de sostenibilidad, y el Gobierno lo ha convertido en un factor de recorte. Cualquier Gobierno puede cambiar la ley.
Subir o bajar las pensiones depende de la dirección respecto a la situación actual
El Gobierno está haciendo todo tipo de juegos de palabras para que evitar reconocer que las pensiones van a bajar. Así, por ejemplo, afirma que las pensiones nunca bajarán porque cada año se incrementarán al menos un 0,25 por ciento. Eso sería cierto si no existiera una fórmula de revalorización, si las pensiones fueran como el Salario Mínimo Interprofesional cuya revalorización depende del Gobierno. Pero las pensiones ya tienen una fórmula de revalorización que garantiza que se revalorizarán conforme al IPC. 2009 fue el año en que menos subió el IPC desde 1997, un 0,3 por ciento; si las pensiones se hubieran revalorizado un 0,25 habrían perdido poder adquisitivo. Entre julio de 2003 y julio de 2013 el IPC ha subido un 28,8 por ciento, las pensiones han crecido un 26 por ciento, pero con la fórmula del Gobierno (0,25 anual) habría sido sólo un 2,5 por ciento.
Garantizar la sostenibilidad del sistema no es lo mismo que garantizar las pensiones
El Gobierno asegura que con su reforma se garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y es cierto. Si el principio rector del sistema es el equilibrio financiero, el control del déficit, el sistema puede perdurar en el tiempo. Si entra poco dinero de cotizaciones, se pagará poco dinero en pensiones. El hecho de que los pensionistas no puedan subsistir dignamente con esas menguadas pensiones no parece importar al Gobierno. Aquí lo importante es si el sistema sirve para garantizar que en España los pensionistas del sistema público podrán vivir dignamente con la pensión que reciban, que es lo que mandata la Constitución; porque si el sistema no sirve para eso, no sería un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, sino un sistema de beneficencia.
El sistema necesita recursos, no recortes
Gobernar a base de recortes es una forma muy simple de no complicarse la vida, porque lo que requiere trabajo y talento es incrementar los recursos. El problema del Gobierno es su incapacidad para conseguir que el sistema público de pensiones tenga el dinero suficiente para garantizar unas pensiones dignas.
El gran fracaso del Gobierno es el empleo, y sin empleo no hay pensiones
Otro de los juegos de palabras con los que el Gobierno está intentando “vender” su reforma es que garantiza que los jóvenes tendrán una pensión en el futuro. Pero el Gobierno sabe que la única manera de tener una pensión es teniendo trabajo, un trabajo regular (no en negro) que incluya cotizaciones a la Seguridad Social, con un salario digno (a más salario más cotización), por un tiempo que permita generar el derecho a una pensión (hacen falta un mínimo de 25 años de cotización a partir del año 2022). ¿Qué pasará si seguimos con el 27 por ciento de la población en paro?, si el Gobierno no prevé que bajemos del 20 por ciento de tasa de desempleo en muchos años.
El Gobierno ignora la situación de los jóvenes
Es paradójico que les llame a participar en el debate sobre las pensiones cuando en realidad obvia su situación. Hoy casi la mitad está en desempleo y sus contratos son cada vez más precarios y, por tanto, con serias dificultades para alcanzar la carrera de cotización exigible para cobrar una pensión. Así, según los datos de la EPA referentes al segundo trimestre del año, la tasa de paro de los menores hasta 25 años alcanza el 55,1% y la de menores de hasta 35 años es del 46,5%. Además, la tasa de temporalidad se sitúa en el 61,4% para los menores hasta 25 años y del 51% para los menores hasta 35 años. A esto hay que añadir que muchos de nuestros jóvenes están emigrando como consecuencia de la situación del mercado laboral (en los últimos 7 años se ha quintuplicado el número de jóvenes que emigran)
¿Quién se beneficia de la reforma de las pensiones? La banca
¿Cuál es el negocio de la banca? Pequeños y grandes ahorradores ponen su dinero en los bancos; éstos no lo tienen allí guardado, lo utilizan para hacer negocios (prestarlo a otra gente, invertirlo en todo tipo productos financieros, etc…) y con ello obtienen beneficios. ¿Qué haremos cada uno de nosotros si vemos que nuestra futura pensión no nos permitirá vivir dignamente? Procuraremos dividir nuestra capacidad de ahorro (quien la tenga) entre la adquisición de vivienda (la mayor inversión que tradicionalmente realiza una persona) y “guardar para la vejez”, es decir, planes y fondos de pensiones privados. Quien pueda se hará uno para intentar evitar la miseria en la vejez, y eso supondrá mucho dinero depositado en los bancos durante años, es decir, muchos más recursos para el negocio de los bancos.
Habrá menos pensión cuando las necesidades serán mayores
El Gobierno ha planteado el siguiente razonamiento:
- Vivimos más años= cobramos pensión más años= más gasto para el Sistema Público
- Solución= pensiones más bajas
Datos estadísticos de la Unión Europea correspondientes a 2009 señalan que la esperanza de vida en España a los 65 años es de 22,4 años para las mujeres y 18,3 para los hombres. Sin embargo, las mismas estadísticas señalan que los “años de vida Saludable” (AVS) serán de 8,4 años en las mujeres (37%), y de 9,2 años en los hombres (50%). ¿Qué significa esto? Que vivir con problemas de salud y de movilidad tiene un mayor coste (medicinas, atención médica, ayuda de terceros), que los futuros pensionistas tendrán que afrontar con una pensión más baja y teniendo que pagar por servicios públicos que hasta ahora eran universales (medicamentos, sanidad, prestaciones de dependencia, servicios sociales, etc…)
Bajar las pensiones es fabricar pobreza
Comisión Ejecutiva Confederal
Unión General de Trabajadores
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