El sindicato ha calificado de "indecente" la política de recursos humanos del Gobierno, quien ha incrementado un 8%, hasta los 25 millones de euros, su gasto en asesores, mientras que ha recortado en 400.000 el número de empleos en el sector público. Empleados públicos, en su mayor parte personal laboral de sectores esenciales como educación, sanidad o servicios sociales, con sueldos que rondan los 1.000 euros, muy alejados de las altísimas remuneraciones de los asesores, de los que no se conoce ni la cifra global ni su trabajo objetivo.
La federación sindical ha advertido de que este proceso de destrucción de empleo público aún no ha terminado, pues la reforma de la Administración Local amenaza con destruir otros 300.000 puestos de trabajo en los ayuntamientos.
Estas cifras ponen de manifiesto que la reforma de las Administraciones y los "severos" recortes ejecutados en los servicios públicos, a pesar de publicitarse como imprescindibles, "responden claramente a la ideología y los intereses de ciertos sectores políticos y empresariales".
El sindicato ha manifestado su preocupación por el recorte en el empleo. "Supone un deterioro de lo público inasumible, en un país donde, según los datos de desempleo, éste se ha incrementado, llegando a los 4.811.383, por lo que servicios públicos suponen la tabla de salvación de muchos ciudadanos y la vía imprescindible para la cohesión social"
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viernes, 8 de noviembre de 2013
viernes, 14 de diciembre de 2012
sábado, 29 de septiembre de 2012
El "esperpento" de la Mesa General de Negociación
Queridos compañeros y compañeras,
Esta semana hemos vuelto a asistir al extravagante espectáculo en que se han convertido las mesas de negociación con este equipo de gobierno.
Convocatoria acelerada por correo electrónico, con un Orden del Día en el que, por supuesto, sigue sin aparecer la lectura y aprobación de actas anteriores, y la (¡MUCHA ATENCIÓN!) pretensión de firmar un acuerdo sobre la RPT justo después de dejar en la calle a las compañeras monitoras del Centro de Educación Medioambiental, que, por supuesto, figuraban en dicha RPT y en el acuerdo del Plan Operativo Municipal de Empleo, en su apartado de plazas a consolidar.
Pues no, ya no se consolidan. De una patada se cargan la RPT presentada, y el Plan de Consolidación alcanzado con el grupo de gobierno anterior, que se comprometieron a mantener con la firma de dicho Plan Operativo de Empleo. Eso sí, como buenos discípulos del gobierno central y atentos a sus consignas, escudados en la excusa de verse obligados por las circunstancias. Sobra decir que ningún sindicato de clase presente estuvo por la labor de firmar, sin poder decir lo mismo de la representación corporativista de los funcionarios.
De segundo plato los recortes sociales y económicos para los trabajadores y trabajadoras. Un extenso monólogo por parte del director de recursos humanos, en el que intenta rehuir de la confrontación obligada por la no aparición en el documento de la reducción de complementos personales, llegando a afirmar que él es partidario de la supresión completa, y continuando así con la ratificación del esperpento. Además, y en un ejercicio cabalístico sin par, da por hecho que los agentes sociales no firmaríamos la propuesta presentada sin tan siquiera preguntar; Juan Palomo.
Y ahora el postre. Antes de sentarnos a la mesa a presentar formalmente los estudios sobre la RSU y recogida de poda, muebles y enseres, ya están las conclusiones publicadas en la página Web municipal, y enviadas las consecuentes notas de prensa a los medios. Claro está, el dictamen a favor de la privatización, ya que el "riesgo de colapso" es inminente ante la falta de financiación del consistorio. Si se pretende pasar, tal y como dan a entender los informes, de los vehículos de los Picapiedra a la F1, pues será. Si necesitan cambiar casi todos los contenedores, de carga trasera a carga lateral, pues será. Si establecen en los servicios esa eficiencia y calidad de la que dicen que ahora mismo carecen, pues será.
No nos engañemos, los informes no dicen sino lo que se necesita para apoyar la decisión. Según éstos, en los servicios estudiados sólo hay carencias y debilidades, no hay posibilidades, ni oportunidades, se obvian la profesionalidad de los empleados, las garantías laborales y jurídicas del personal afecto a subrogación, etcétera etcétera. Y para colmo, una vez visto el estudio de costes se constata que el ahorro entre la gestión directa e indirecta es de 633.062,81 euros, de los cuales el 95,14% (602.322,14 euros) corresponden a costes de personal.
Varias preguntas: si la empresa licitadora, y según palabras del director de presidencia, pone toda la maquinaria y el utillaje necesarios nuevos, dispone el parque móvil en el municipio, y subroga al personal con plenas garantías, ¿dónde está el negocio? ¿Por qué no se han sondeado posibles fórmulas de financiación propia, máxime cuando éste es el único servicio dotado con su propia tasa? ¿Por qué en plena campaña de austeridad en las administraciones, promulgada precisamente por los gobiernos liberales, se pretende renovar completamente la flota municipal de un servicio a costa de privatizarlo? Que cada uno saque sus propias conclusiones...
Seguiremos informando.
Salu2, compañer@s.
Esta semana hemos vuelto a asistir al extravagante espectáculo en que se han convertido las mesas de negociación con este equipo de gobierno.
Convocatoria acelerada por correo electrónico, con un Orden del Día en el que, por supuesto, sigue sin aparecer la lectura y aprobación de actas anteriores, y la (¡MUCHA ATENCIÓN!) pretensión de firmar un acuerdo sobre la RPT justo después de dejar en la calle a las compañeras monitoras del Centro de Educación Medioambiental, que, por supuesto, figuraban en dicha RPT y en el acuerdo del Plan Operativo Municipal de Empleo, en su apartado de plazas a consolidar.
Pues no, ya no se consolidan. De una patada se cargan la RPT presentada, y el Plan de Consolidación alcanzado con el grupo de gobierno anterior, que se comprometieron a mantener con la firma de dicho Plan Operativo de Empleo. Eso sí, como buenos discípulos del gobierno central y atentos a sus consignas, escudados en la excusa de verse obligados por las circunstancias. Sobra decir que ningún sindicato de clase presente estuvo por la labor de firmar, sin poder decir lo mismo de la representación corporativista de los funcionarios.
De segundo plato los recortes sociales y económicos para los trabajadores y trabajadoras. Un extenso monólogo por parte del director de recursos humanos, en el que intenta rehuir de la confrontación obligada por la no aparición en el documento de la reducción de complementos personales, llegando a afirmar que él es partidario de la supresión completa, y continuando así con la ratificación del esperpento. Además, y en un ejercicio cabalístico sin par, da por hecho que los agentes sociales no firmaríamos la propuesta presentada sin tan siquiera preguntar; Juan Palomo.
Y ahora el postre. Antes de sentarnos a la mesa a presentar formalmente los estudios sobre la RSU y recogida de poda, muebles y enseres, ya están las conclusiones publicadas en la página Web municipal, y enviadas las consecuentes notas de prensa a los medios. Claro está, el dictamen a favor de la privatización, ya que el "riesgo de colapso" es inminente ante la falta de financiación del consistorio. Si se pretende pasar, tal y como dan a entender los informes, de los vehículos de los Picapiedra a la F1, pues será. Si necesitan cambiar casi todos los contenedores, de carga trasera a carga lateral, pues será. Si establecen en los servicios esa eficiencia y calidad de la que dicen que ahora mismo carecen, pues será.
No nos engañemos, los informes no dicen sino lo que se necesita para apoyar la decisión. Según éstos, en los servicios estudiados sólo hay carencias y debilidades, no hay posibilidades, ni oportunidades, se obvian la profesionalidad de los empleados, las garantías laborales y jurídicas del personal afecto a subrogación, etcétera etcétera. Y para colmo, una vez visto el estudio de costes se constata que el ahorro entre la gestión directa e indirecta es de 633.062,81 euros, de los cuales el 95,14% (602.322,14 euros) corresponden a costes de personal.
Varias preguntas: si la empresa licitadora, y según palabras del director de presidencia, pone toda la maquinaria y el utillaje necesarios nuevos, dispone el parque móvil en el municipio, y subroga al personal con plenas garantías, ¿dónde está el negocio? ¿Por qué no se han sondeado posibles fórmulas de financiación propia, máxime cuando éste es el único servicio dotado con su propia tasa? ¿Por qué en plena campaña de austeridad en las administraciones, promulgada precisamente por los gobiernos liberales, se pretende renovar completamente la flota municipal de un servicio a costa de privatizarlo? Que cada uno saque sus propias conclusiones...
Seguiremos informando.
Salu2, compañer@s.
martes, 14 de junio de 2011
El TC no ha admitido a trámite el "tijeretazo"
El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Nacional, el pasado mes de octubre, sobre el recorte salarial del 5% de media de las retribuciones del personal del Sector Público.
Por ello, da por buena la medida decretada por el Gobierno en mayo de 2010.
Los sindicatos acatarán la sentencia pero no están de acuerdo.Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, han mostrado su desacuerdo con la sentencia dictada este martes por el Tribunal Constitucional, que avala el recorte salarial a empleados públicos decretado en mayo de 2010, pero ambos afirmaron que acatarán el dictamen.
El secretario general de UGT recordó que con la reducción de los salarios de los funcionarios el Gobierno "incumplió" un convenio que se firmó "en un momento en el que la situación económica era peor que ahora". "A lo mejor, el Constitucional no ha caído en esa situación", apuntó.
Seguiremos informando.
Salu2, compañer@s.
domingo, 20 de febrero de 2011
La Fiscalía General del Estado debe pronunciarse sobre el recorte salarial de los empleados públicos
El Tribunal Constitucional (TC) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie en el plazo de 10 días sobre si el recorte salarial de los empleados públicos que acordó el Gobierno en mayo de 2010 vulnera varios derechos constitucionales. En cuatro providencias fechadas el pasado 15 de febrero, el Constitucional señala hoy que ha decidido oír al Ministerio Público antes de aceptar analizar la bajada salarial, como le pidió la Audiencia Nacional, por si esa petición fuera "notoriamente infundada".
La Audiencia Nacional consideró que el recorte de salarios de los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, y de la Radio y la Televisión Autonómica Andaluza podía vulnerar los derechos de libertad sindical, negociación colectiva e igualdad. Por ello, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional elevó al Constitucional varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre el decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluyó un recorte salarial medio del 5 % tanto para los funcionarios como para los empleados del sector público.
En la primera demanda de conflicto colectivo que analizó la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre (la que presentaron los sindicatos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), los magistrados admitieron que no tenían "dudas sobre la concurrencia" de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para que el Gobierno adoptara el recorte. No obstante, argumentaron que el régimen de los funcionarios era diferente del de los empleados públicos, por lo que no creían "constitucionalmente posible que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo durante su vigencia mediante un decreto ley" como el aprobado por el Gobierno.
En concreto, justificaron que esos cambios en los convenios colectivos de los empleados públicos afectan "al contenido esencial" del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, lo que "está vedado por la Constitución". Además, señalaron que los convenios colectivos que se aplican a los empleados públicos y a otros trabajadores sólo pueden modificarse provocando el "menor sacrificio" en el derecho a la negociación colectiva, lo que no se había dado en este caso.
Los jueces de la Audiencia Nacional también dudaban de la constitucionalidad de la decisión del Gobierno de no aplicar los recortes a los empleados de RENFE, ADIF y AENA y abogaban por excluir a todo el colectivo del personal laboral del recorte aprobado. En este sentido, destacaron que el Gobierno no explicó razones que pudieran considerarse "idóneas, razonables y proporcionadas" para justificar ese trato diferenciado.
Seguiremos informando. Salu2, compañer@s.
miércoles, 4 de agosto de 2010
FSP-UGT Andalucía inicia el procedimiento ante el SERCLA por los recortes en el sector público
Transcurrido un mes desde la petición a la Junta, no se ha obtenido respuesta, por lo que tras el silencio administrativo se ha continuado con el procedimiento ante el SERCLA, paso previo a la vía judicial
La Federación de Servicios Públicos, FSP-UGT Andalucía ha presentado un documento de iniciación del procedimiento previo a la vía judicial ante el decreto-ley con 2/2002 con el que la Junta dio traslado a Andalucía al Decreto de Zapatero sobre las medidas contra el déficit público, que han supuesto un recorte en los salarios de los trabajadores del sector público.
Fue el pasado 28 de junio cuando la FSP-UGT Andalucía presentó en la Consejería de Economía y Hacienda, el documento a través del cual solicitaba la restitución a los trabajadores de la cantidad retraída de su salario por el decreto-ley 2/2002.
Transcurrido el plazo legal sin obtener respuesta alguna, FSP-UGT Andalucía ha iniciado el procedimiento legal ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, el SERCLA. Este mismo procedimiento el paso previo a la vía judicial.
Seguiremos informando. Salu2, compañer@s.
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