- Titular: Carlos Álvarez Gómez, Secretario General
- Suplente: María José Cardoso Ares, Secretaria de Organización y Acción Sindical.
miércoles, 29 de enero de 2014
Elección de delegados miembros al Comité Provincial de FSP-UGT Sevilla
La Sección Sindical del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en la persona de su actual Secretario General, ha dispuesto nombrar a los delegados miembros al Comité Provincial de FSP-UGT Sevilla, a celebrar en próxima fecha:
martes, 28 de enero de 2014
En Andalucía existen actualmente 259 Planes Municipales de Emergencias
El pasado día 17 de enero, se concedió a un total de veinte municipios sevillanos los certificados que acreditan el que estos consistorios cuenten ya con nuevos Planes municipales de Emergencia. En concreto, se trata de los siguientes muncipios: Alanís, Badolatosa, Benacazón, Burguillos, Constantina, Fuentes de Andalucía, Gelves, Herrera, La Campana, Lora de Estepa, Los Corrales, Olivares, Palomares del Río, Pedrera, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Tocina, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villaverde del Río.
En la provincia de Sevilla, existen en la actualidad un total de 73 municipios que cuentan con Planes de Emergencias ante eventuales siniestros, dando cobertura al 95% de la población sevillana.
Los Planes Territoriales de Emergencia de ámbito local, comúnmente denominados Planes de Emergencia Municipal (PEM), constituyen la respuesta de la Administración Local para una mejor protección de la vida y bienes dentro de su ámbito territorial en el desarrollo de sus responsabilidades y competencias.
En Andalucía, un total de 259 Planes municipales de emergencias dan cobertura a 7.128.000 andaluces y andaluzas, lo que supone el 84,62% de la población de nuestra Comunidad Autónoma. El resto de ayuntamientos andaluces que no cuenten en la actualidad con la cobertura de estos Planes, su población está amparada por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd)
Mairena del Aljarafe aprobó el suyo en el año 2004.
En la provincia de Sevilla, existen en la actualidad un total de 73 municipios que cuentan con Planes de Emergencias ante eventuales siniestros, dando cobertura al 95% de la población sevillana.
Los Planes Territoriales de Emergencia de ámbito local, comúnmente denominados Planes de Emergencia Municipal (PEM), constituyen la respuesta de la Administración Local para una mejor protección de la vida y bienes dentro de su ámbito territorial en el desarrollo de sus responsabilidades y competencias.
En Andalucía, un total de 259 Planes municipales de emergencias dan cobertura a 7.128.000 andaluces y andaluzas, lo que supone el 84,62% de la población de nuestra Comunidad Autónoma. El resto de ayuntamientos andaluces que no cuenten en la actualidad con la cobertura de estos Planes, su población está amparada por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd)
Mairena del Aljarafe aprobó el suyo en el año 2004.
lunes, 20 de enero de 2014
Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA de 16 de enero, se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de financiar, durante el año 2014, el mantenimiento de la contratación, por parte de las Entidades Locales, de las personas que, poseyendo la titulación de Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social, refuerzan los Servicios Sociales Comunitarios, con la finalidad de que los mismos puedan asumir de forma conveniente las competencias que les atribuye el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a la prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito del trabajo social y previa conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las Entidades Locales podrán contratar personal administrativo con cargo a este Acuerdo, siempre que resulte debidamente justificado.
Enlace a BOJA
Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito del trabajo social y previa conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las Entidades Locales podrán contratar personal administrativo con cargo a este Acuerdo, siempre que resulte debidamente justificado.
Enlace a BOJA
domingo, 12 de enero de 2014
Comienza a andar la Reforma Local
La reforma local promovida por el gobierno de la nación, y que puso en pie de guerra a los alcaldes de todos los colores políticos ha entrado en vigor.
Se inicia la cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales.
El traspaso de las competencias en materia de educación queda pendiente del nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en este año. Así lo impone la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, más conocida como Reforma Local. La norma entra en vigor después de haber sido publicada en el BOE, y pone en marcha los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.
A partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la
salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión.
En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social.
En ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación. La ley dice también que el traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto en su conjunto.
Disponéis de más información en el correo electrónico recibido.
Se inicia la cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales.
El traspaso de las competencias en materia de educación queda pendiente del nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en este año. Así lo impone la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, más conocida como Reforma Local. La norma entra en vigor después de haber sido publicada en el BOE, y pone en marcha los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.
A partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la
salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión.
En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social.
En ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación. La ley dice también que el traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto en su conjunto.
Disponéis de más información en el correo electrónico recibido.
El Tribunal de Cuentas desmonta la mayor eficacia y ahorro de la gestión privada frente a la pública.
El informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2011 avala lo defendido por UGT, que siempre ha denunciado el componente ideológico como principal motivo de las múltiples reformas y medidas acometidas por el Gobierno del Partido Popular, bajo el argumento del ahorro y una mayor eficacia, ya que en realidad, como ahora se demuestra con cifras, responden a criterios ideológicos.
Según el Tribunal de Cuentas que analiza la prestación de Servicios en ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes –el 95% de todos los de España- la prestación de un servicio público sale más caro cuando lo efectúa una empresa privada que cuando lo ofrece directamente el ayuntamiento.
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT exige al Gobierno que cese de inmediato en sus intenciones privatizadoras, disfrazadas de reformas de las Administraciones Públicas, bajo el argumento de conseguir ahorro en las cuentas públicas. El sindicato teme que esta reforma haga desaparecer gran parte de los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía y anticipa que la entrada de la iniciativa privada, como prevé el proyecto de ley, supondrá copagos y tasas en servicios esenciales como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria.
Tenéis más información en la nota de prensa, así como en el informe del Tribunal de Cuentas.
Según el Tribunal de Cuentas que analiza la prestación de Servicios en ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes –el 95% de todos los de España- la prestación de un servicio público sale más caro cuando lo efectúa una empresa privada que cuando lo ofrece directamente el ayuntamiento.
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT exige al Gobierno que cese de inmediato en sus intenciones privatizadoras, disfrazadas de reformas de las Administraciones Públicas, bajo el argumento de conseguir ahorro en las cuentas públicas. El sindicato teme que esta reforma haga desaparecer gran parte de los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía y anticipa que la entrada de la iniciativa privada, como prevé el proyecto de ley, supondrá copagos y tasas en servicios esenciales como el suministro de agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria.
Tenéis más información en la nota de prensa, así como en el informe del Tribunal de Cuentas.
sábado, 4 de enero de 2014
Ley de Mutuas
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de mutuas, por el que se
concederá a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.
Se establece el cambio de la denominación actual de estas entidades (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), de tal forma que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social. Con este nuevo cambio de nombre lo que se pretende es que su ámbito de gestión vaya más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales.
Las mutuas podrán formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada".
Desde FSP UGT-A denunciamos esta Ley de Mutuas, aprobada por el Consejo de Ministros al,
considerar que "culpabiliza" al trabajador y supone una privatización del sistema sanitario público y ha lamentado que la norma haya salido adelante sin informar ni consultar a los sindicatos.
Disponéis de más información en el correo electrónico recibido.
concederá a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.
Se establece el cambio de la denominación actual de estas entidades (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), de tal forma que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social. Con este nuevo cambio de nombre lo que se pretende es que su ámbito de gestión vaya más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales.
Las mutuas podrán formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada".
Desde FSP UGT-A denunciamos esta Ley de Mutuas, aprobada por el Consejo de Ministros al,
considerar que "culpabiliza" al trabajador y supone una privatización del sistema sanitario público y ha lamentado que la norma haya salido adelante sin informar ni consultar a los sindicatos.
Disponéis de más información en el correo electrónico recibido.
jueves, 2 de enero de 2014
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