La reforma local promovida por el gobierno de la nación, y que puso en pie de guerra a los alcaldes de todos los colores políticos ha entrado en vigor.
Se inicia la cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales.
El traspaso de las competencias en materia de educación queda pendiente del nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en este año. Así lo impone la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, más conocida como Reforma Local. La norma entra en vigor después de haber sido publicada en el BOE, y pone en marcha los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.
A partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la
salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión.
En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social.
En ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación. La ley dice también que el traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto en su conjunto.
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