- Crear una Comisión de Estudio sobre las repercusiones en Andalucía de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta Comisión estará formada por los Viceconsejeros de las Consejerías de Administración Local y Relaciones Institucionales, Hacienda y Presidencia, el Director General de Administración Local y la Presidenta y Vicepresidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
- Solicitar una reunión con el Ministro de Hacienda y AAPP, Cristóbal Montoro, al objeto de que se le traslade, por parte del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, la necesidad de una moratoria en la aplicación de la reforma local, hasta que el Tribunal Constitucional dirima el conflicto de competencias.
Desde FSP UGT-Andalucía confiamos en que la Justicia, en este caso el Tribunal Constitucional, decida sobre la inconstitucionalidad de una reforma que acaba con las competencias de los ayuntamientos y con los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Para el municipalismo y para la ciudadanía es de vital importancia que se haga efectiva cuanto antes la paralización de la aplicación de una Ley que vulnera manifiestamente la autonomía municipal garantizada por la Constitución, por la Carta Europea de Autonomía Local, por nuestro Estatuto de Autonomía, y por la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)